miércoles, 5 de marzo de 2008

PRENSA


Un liberiano lleva cinco meses en prisión por un error administrativo
Su abogado exige responsabilidad patrimonial al Ministerio del Interior
05/03/2008 JUDIT SANTAMARTA


MÁS INFORMACIÓN
Villabona alega falta de vuelos directos y motivos de seguridad05/03/2008 Edición impresa en PDF


Ver archivo (pdf)
El Código Penal dice en su artículo 89 que «las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español». Pero en algunos casos, esto no se está cumpliendo. Es lo que le está pasando a T. B. W., un ciudadano liberiano que lleva cinco meses en el centro penitenciario de Villabona por un error administrativo. Ahora, su abogado, el letrado José Manuel Fernández González, ha interpuesto una reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración contra el Ministerio del Interior y pide la inmediata expulsión del país para su representado, así como una cuantía económica superior a los 43.000 euros.
Según explica José Manuel Fernández, el día 10 de octubre del pasado año, T. B. W. fue trasladado hasta Bruselas para llevarlo en avión a Monrovia, la capital de Liberia. Pero el viaje no pudo realizarse, tal y como público La Voz en el mes de diciembre, puesto que las autoridades belgas exigían que T. B. W. fuese acompañado por los policías, autorización con la que no contaban los agentes que viajaron con su cliente. El liberiano fue devuelto a la cárcel de Villabona y, según Fernández, »allí sigue, con un estado de ánimo cada vez peor puesto que no entiende porqué motivos no se cumple con él el Código Penal».
Por este motivo, «y ante la inactividad de la administración para cumplir la sentencia», Fernández ha presentado una reclamación en la que piden que se proceda a la inmediata ejecución de la sentencia penal que decreta la expulsión del país de T. B. W. Además, contemplan una indemnización de 43.800 euros, a razón de 300 por día que ha pasado en prisión entre el 10 de octubre y el 3 de marzo (momento en el que se puso la reclamación). «A la cantidad anterior se deben añadir 300 euros diarios por el tiempo que transcurra hasta su definitiva expulsión del territorio nacional», explica Fernández. El perjuicio causado sobre su cliente es, para el letrado, evidente: «Cuenta con una sentencia judicial que el Estado no ejecuta, y mientras tanto ha de permanecer en prisión, cuando podría hallarse en libertad en su país», concluye.

1 comentario:

ALFREDEN dijo...

La iniciativa que entamaste paezme per buena. Pero pa que esti proyeutu caleye a buen puertu, tienes que mete-y artículos d'opinión de calidá, y lo más importante de too ye QUE NUN TE OLVIDES DE Q'EL ASTURIANU YE, APEGÁ AL CASTELLANU, LA NOSTRA LLINGUA Y TANTO LOS PERIODISTES, COMO EDUCADORES U OTRES PERSONES RESPONSABLES DE CREAR UNIDÁ CIUDADANA TIENEN QUE TENELO EN CUENTA.
UNA SUXERENCIA MÍA SERÍA QUE METIERES TEXTOS N'ASTURIANU. UN SALUDU A TOOS Y SUERTE PAL BLOG.

Popular Posts