viernes, 20 de junio de 2008

El Principado anuncia un plan para frenar el maltrato a los mayores

Bienestar aplicará medidas de formación y extremará las inspecciones.
Una mujer deja a su madre sola en la puerta de un geriátrico en Siero. El caso, tan real como extremo, pone en evidencia una realidad a menudo olvidada.

La Consejería de Bienestar Social acaba de anunciar su intención de poner en marcha un plan para prevenir y atajar el maltrato, en sentido amplio, a las personas mayores. Así lo indica Pilar Rodríguez, titular de este departamento del Gobierno autonómico.
Rodríguez sale así al paso del estudio sobre los malos tratos, elaborado por el Centro Reina Sofía, y publicado por este periódico. La investigación, la más amplia realizada en España, revela que cerca de un 1% de los mayores de 65 años sufren maltrato físico, psicológico, por negligencia, abuso económico o sexual. Una extrapolación de los datos nacionales revela que más de 2.300 asturianos padecen alguna forma de maltrato.

Pilar Rodríguez duda de la representatividad estadística del estudio. La consejera de Bienestar Social señala, más allá de la fiabilidad o no de la investigación, que es oportuno que salga a la luz el fenómeno del maltrato a los mayores, como ya lo ha hecho la violencia machista o el abuso a los menores. Rodríguez define maltrato como toda acción intencionada de causar daño. La titular de Bienestar Social avanza que su departamento aplicará a partir del próximo otoño un plan para la prevención y lucha contra los abusos a personas mayores que tomará como base la guía contra el maltrato elaborada por el Imserso.

La consejera de Bienestar Social adelanta los pilares fundamentales del nuevo plan. Primero, el apoyo a las familias. Pilar Rodríguez indica que es necesario dotar a las familias, que mayoritariamente ejercen de cuidadoras, de las habilidades necesarias para evitar el estrés y el síndrome del burn-out . "Es más fácil que se produzcan abusos cuando la familia está desbordada", matiza la consejera. Rodríguez subraya que el segundo eje del plan será la formación de los profesionales. La titular de Bienestar recuerda en este sentido que está ya en vigor una carta de derechos y deberes de las personas mayores que limita, por citar un ejemplo, las sujeciones físicas o farmacológicas a los ancianos ingresados en residencias de mayores. Rodríguez indica que los trabajadores deben ser conscientes de que la sujeción tiene que ser siempre prescrita por un médico y tiene que estar además limitada temporalmente. Rodríguez menciona también que los profesionales deben evitar el trato infantilizado a los residentes. "No se puede hablar sin escuchar. Hay que esmerarse además en el respeto a la intimidad del mayor", comenta.

El tercer pilar del plan será el fomento de las inspecciones. Rodríguez recuerda que la consejería ya ha redoblado el esfuerzo en la vigilancia y control de los centros. De hecho, el departamento que dirige ha ordenado ya el cierre de varios establecimientos por incumplimiento de la legalidad vigente. Bienestar Social y Salud prevén iniciar una serie de actuaciones de inspección conjuntas para comprobar si, tal y como parece, los centros geriátricos abusan de la medicalización a las personas mayores. "No es permisible que el residente esté medio dormido todo el tiempo", aclara la consejera. El plan, que prevé ponerse en marcha en otoño, se dirigirá tanto a los profesionales como a los familiares que ejercen de cuidadores. Y actuará no sólo sobre las situaciones de maltrato real sino sobre la prevención, o lo que es lo mismo, adelantándose a que se produzcan.

La titular de Bienestar Social, en sintonía con uno de los puntos que defiende el estudio del Centro Reina Sofía, confía en que la ley de dependencia contribuya, si no a evitar, sí a reducir los casos de malos tratos a mayores. La investigación subraya que la situación de pérdida extrema de autonomía multiplica las probabilidades de sufrir abusos en el seno de la familia. De hecho, cinco de cada cien cuidadores familiares reconocen haber vejado a la persona mayor a su cargo en alguna ocasión. Rodríguez indica que, cuando la ley esté plenamente operativa, la puesta en marcha de apoyos familiares y recursos asistenciales rebajará la presión que soportan las familias. La consejera matiza que esta sobrecarga, en ningún caso justifica el abuso, pero sí contribuye a explicar algunas situaciones.

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