jueves, 19 de junio de 2008

La actuación policial impidió que las bandas de menores consolidaran su estructura, afirma el fiscal Caldevilla

La fiscalía destaca que los dos grupos detectados, que actuaron en Gijón y en Avilés, ya fueron descabezados en 2007

El fiscal coordinador de menores, Jorge Fernández Caldevilla, afirmó ayer que las dos bandas de menores detectadas el año pasado en Asturias «se desarticularon cuando aún comenzaban a gestarse». La «rápida actuación policial», añadió, «permitió que los grupos no llegaran a organizarse de manera jerarquizada» y que sus presuntos cabecillas fueran internados de forma cautelar. Desde el desmantelamiento de estas bandas, integradas por menores sudamericanos que emulaban a los Latin Kings o a los Ñetas, no se ha vuelto a constatar la existencia de ninguna otra en el Principado.

En 2007 fue la primera vez que se detectó en Asturias el inicio de organizaciones delictivas de menores. En concreto, se desarticuló uno en Avilés, donde los menores cometieron varios robos y delitos de lesiones entre los meses de abril a agosto, y otro más en Gijón. Aquí llegó a producirse una pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes, uno de ellos latinoamericanos y otro de posibles simpatizantes con ideologías radicales. Se produjeron además amenazas a un joven que había dejado el grupo. «La rápida y efectiva investigación y actuación policial permitió la desarticulación de esas organizaciones en un estado incipiente», insistió Caldevilla. «Actualmente no podemos hablar ya de grupos organizados, al menos de los que tengamos conocimiento, y esperemos que no vuelvan a renacer».

Caldevilla afirma en la última memoria de la fiscalía que durante 2007 se produjo un «notable aumento» de los delitos cometidos por menores extranjeros, «debido al incremento de la inmigración en Asturias y principalmente a la llegada paulatina de menores extranjeros no acompañados de nacionalidad marroquí». Según Caldevilla, la llegada de estos menores desbordó literalmente el centro de primera acogida, presentándose incluso problemas de enfrentamientos con educadoras de la institución, consumo de drogas, reacciones de agresividad y robos en los alrededores. El fiscal sostiene que estos casos conflictivos «no son ni mucho menos mayoritarios, pero sí suficientes como para alterar gravemente la convivencia en los centros destinados a la residencia de adolescentes». No obstante, puntualiza, «la inmensa mayoría de esos jóvenes que llegan a Asturias pretende únicamente labrarse un futuro mejor trabajando en España».

En cuanto a los consumos de drogas, la fiscalía detectó «problemas específicos de muy difícil abordaje desde las instituciones de protección», como la inhalación de disolventes, «que produce graves daños cerebrales y reacciones agresivas». Los casos más graves fueron derivados a Salud Mental, donde tras prescribirse un tratamiento, al cabo de unos días, los menores regresaron al centro para continuar con un tratamiento ambulatorio que se negaron a realizar. Sólo en un caso se pudo dar el tratamiento adecuado, ya que se internó al menor en el módulo terapéutico de Sograndio después de que cometiera varios delitos.

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