domingo, 11 de enero de 2009

«No somos 'boy scouts'»

2.500 trabajadores del sector de intervención social están llamados a la huelga el próximo miércoles en el País Vasco.
Cuatro educadores sociales explican a EL CORREO los motivos

«Esto es una profesión, no es voluntariado».

Los 2.500 trabajadores que sustentan en Vizcaya los servicios de intervención social siguen necesitando hacer esta aclaración. Su labor se relaciona habitualmente con la caridad, el trabajo voluntario para la comunidad y otro tipo de actividades propias de jóvenes implicados con la realidad en la que viven. Pero nada más lejos de la realidad. Los adolescentes inquietos que decidieron ayudar por vocación, ahora son adultos altamente cualificados para la educación, el trabajo, la psicología o la dinamización social, con las mismas cargas familiares y económicas que cualquier otro trabajador.

Su acusada vocación ha lastrado sus condiciones laborales y, después de meses de infructuosa negociación para acordar un nuevo convenio con la patronal Gizardatz, han decidido recurrir a la huelga «para reclamar unas condiciones laborales y salariales dignas. Hemos sido unos trabajadores radicalmente comprometidos con nuestro trabajo desde pequeños y ahora, con 40 años, familia e hijos, los profesionales del sector han dicho basta», explica desde CC OO Andoni Basterra. La primera jornada de paro será el próximo miércoles, y tienen otra prevista para el 28 de febrero. La falta de reconocimiento que denuncian llega al punto de que hablar del sector de intervención social resulta ambiguo para el ciudadano común.


¿A qué trabajadores engloba? Son 2.500 personas que operan tanto para empresas como para asociaciones contratadas por instituciones públicas para atender ámbitos marginales, drogodependencias, menores, dar apoyo educativo en los centros escolares y en la calle, inmigrantes, mujeres maltratadas, y también para dinamizar centros cívicos, culturales y de tiempo libre, entre otros.

«Y estamos tan integrados con nuestros usuarios en riesgo de exclusión social, que nuestros trabajadores tienen ingresos poco más altos que ellos. No es demagogia. Los monitores no llevan más de 1.000 euros a casa y en los centros de menores tampoco llevan más de 1.100. Si hay un sector maltratado y mal pagado ahora mismo, es éste», asevera Basterra. El malestar se agudiza cuando comparan su sueldo, horarios y pluses con los de profesionales con su mismo cometido, pero contratados por la Administración. «Cobran entre un 40 y un 60% más, con mejores horarios, pluses reconocidos y menos personas a su cargo».


JAVIER BLAS
Centro de toxicodependencias. Kortezubi
«A la Administración le estamos sacando las castañas del fuego»

Javier se enfrenta a turnos de hasta 24 horas

Javier Blas lleva 17 años trabajando como educador social. Empezó como voluntario cuando aún era menor de edad, al igual que la práctica totalidad del sector. Ahora su vida laboral gira entorno a la comunidad terapéutica de atención a toxicodependientes en proceso de rehabilitación, ubicado en Kortezubi. «Ayudamos a gente que, junto a la dependencia, ha vivido problemas sociales y de desarraigo, para facilitarle una reentrada en la sociedad», dice.
«Para ello, combinamos la terapia para dejar la sustancia -ya sea alcohol, cocaína...- y un trabajo para dotarles de herramientas con las que manejarse en su vuelta a la sociedad». El centro opera los 365 días del año, a jornada completa, y Javier se queda al frente por las noches, días festivos y fines de semana, incluso con turnos de 24 horas. Algo habitual en el sector, pero que hace circular su vida «en dirección contraria a la del común de los mortales, sin las recompensas que otros sectores reciben a cambio».

Javier corrobora que la vocación ha jugado en contra de los intereses de la profesión. «Todos provenimos del voluntariado y muchas administraciones y algunas empresas han pensado que esto se puede prolongar 'sine die'. Muchas empresas han salido adelante porque la gente está muy comprometida, pero eso no se puede mantener de por vida». Quieren desterrar ese concepto altruista. «Tenemos una imagen romántica de 'boy scout' con pañoleta al cuello haciendo labores sociales y no lo somos. Cumplimos trabajos muy duros, con un alto índice de gente 'quemada'. Pedimos que nos traten en serio. Somos profesionales con alta cualificación, pero con sueldos y jornadas de trabajo arcaicos».

Explica que «vamos a la huelga porque nos sentimos defraudados con la patronal, que pretende retroceder respecto a las condiciones actuales y firmar a la baja». Pero el blanco de las críticas no es sólo Gizardatz. «Las empresas son las que nos dan de comer. La huelga es para las administraciones, a las que les estamos sacando las castañas del fuego por 40, mientras que el personal funcionario cobra 100. No queremos ser funcionarios, pero no se puede estar trabajando en condiciones infinitamente peores que en la Administración».


ALFREDO GONZÁLEZ
Menores no acompañados de Izurza
«Yo también tengo una hipoteca que pagar»



Alfredo forma parte de un grupo de nueve educadores sociales.

Alfredo González trabaja junto a otros 8 educadores sociales en el centro de menores no acompañados de Izurza. Tratan de reconducir sus vidas a través de la convivencia y el trato cotidiano. Son turnos de 24 horas para que aprendan a vivir en sociedad. Alfredo lleva trabajando casi cinco años en este ámbito y reafirma que para desempeñar su labor, además de la cualificación necesaria «tienes que tener vocación, gusto por la educación y por los retos, porque esporádicamente te puedes encontrar con situaciones tensas».

No tiene dudas de que «no está reconocida la labor que estamos haciendo, la inversión de tiempo y nuestra implicación. Cuando te encuentras con compañeros que trabajan en la Diputación te da la risa. Estoy con 32 menores, cobrando la mitad». Insiste en el problema de raíz. «Seguimos con ese espíritu de las teresianas. Se piensa que estos servicios los prestan voluntarios y eso no es así. Tenemos que pagar nuestra hipoteca». Y velar por su jubilación. «Se niegan a reconocernos por convenio ciertos pluses que a veces recibimos, y eso merma nuestra cotización».


M. URBIETA Y M.J. PRIETO
Responsables del gazteleku y la oficina juvenil de Sestao
«Es un agravio comparativo»

María y Mari José trabajan por la integración en una localidad con un nivel de inmigración muy alto.

María Urbieta y María José Prieto son las educadoras sociales que dirigen el gazteleku y la oficina juvenil de Sestao, dos centros de ocio y asesoramiento para jóvenes de 13 a 30 años. Tienen 3.000 socios -cada tarde se acercan alrededor de la treintena-. «Intentamos que aprendan a ser ciudadanos y trabajamos para la integración, ya que en Sestao hay un nivel de inmigración muy alto». Todos sus compañeros son funcionarios «y es un agravio comparativo en salarios, horarios, formación y otras muchas condiciones». Por ejemplo, se les exigen los mismos perfiles de euskera, «pero no nos liberan para aprenderlo». Estas educadoras insisten en que «las empresas han tirado mucho de la gente del voluntariado, acostumbrada a trabajar a destajo, pero ahora se ha profesionalizado todo y ha avanzado la edad».

«La plantilla tiene familias a su cargo y las empresas quieren seguir con el mismo chip, mientras exigen titulaciones y alta cualificación». Recuerdan que «trabajamos con algunos colectivos de riesgo, con horarios intempestivos y hacemos el papel de educador, padre, madre y hermano mayor». Apuntan que «eso hay que valorarlo, porque la gente termina buscando otro trabajo y no se pueden hacer programas educativos de larga duración en condiciones».

No hay comentarios:

Popular Posts