sábado, 31 de enero de 2009

Sólo el 20% de las empresas asturianas cumple la ley de la discapacidad

El Principado es la cuarta región con menos contrataciones de minusválidos en plantillas de más de 50 trabajadores

Asturias suspende en el acceso de las personas con discapacidades en el mercado laboral. La prueba es un informe titulado 'Empresa y Discapacidad 2007', elaborado por La Fundación Grupo Sifu y presentado ayer por el director de la Agencia Asturiana para la Discapacidad, Javier Antuña, que revela que el Principado ocupa el cuarto puesto por la cola en el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi) si se compara con el resto de comunidades autónomas.

Según este documento, únicamente el 20% de las empresas asturianas cumplen con esta ley que establece una reserva del 2% de las contrataciones para personas con discapacidad cuando la plantilla es superior a 50 trabajadores o con la serie de medidas alternativas prevista, cuando la media nacional se eleva al 37,5%.

A la cabeza del grado de cumplimiento están Aragón y Cantabria, donde el 60% de las grandes empresas incluyen en sus plantillas a discapacitados, seguidas de Galicia. Y otras cuatro también superan la media: La Rioja, País Vasco, Cataluña y Baleares.

En el otro extremo de la tabla, el de las comunidades con un menor grado de observancia de la ley, se sitúa Andalucía, con un 12,5% de cumplimiento de la legislación vigente, seguida de Valencia (12,9%), Canarias, con un 13%, y Castilla-La Mancha y Asturias, con un 20%, respectivamente.

Javier Antuña acaba de anunciar que el Principado está a punto de poner en marcha una campaña de inspecciones con la que se sancionará a las grandes empresas que no reserven esa cuota del 2% de sus contrataciones para personas con discapacidad o que incumplan las medidas alternativas, una afirmación que fue contestada rápidamente por la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Rosa Migoya, quien negó que se estén produciendo «irregularidades o incumplimientos».

Antuña se remitió ayer a las denuncias formuladas por los propios colectivos de discapacitados y a las últimas declaraciones del secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios a EL COMERCIO, en las que Alberto González admitía que «la ley de la discapacidad va por delante de las empresas asturianas».

Tampoco empleo público
Javier Antuña criticó además que los porcentajes de integración tampoco se cumplen en la Administración, para lo que aludió a las denuncias reiteradas en numerosas ocasiones por los sindicatos. Para demostrarlo, la Agencia Asturiana para la Discapacidad ha encargado a la Fundación Faedis un informe sobre el empleo de personas con discapacidad en la Administración pública.

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