martes, 3 de febrero de 2009

Alarmante denuncia del Defensor del Pueblo sobre los centros de protección de menores

Instalaciones abandonadas, castigos violentos, salas de aislamiento y vejaciones, entre las críticas de Múgica

Castigos, violencia, encierros en salas de aislamiento, vejaciones y maltratos psicológicos. El informe que ayer, por sorpresa, presentó el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, parece sacado de una película de terror. Se trata de un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta en situación de dificultad social, y las conclusiones hablan de una dramática vulneración de derechos.

Hay 58 centros de estas características en España, curiosamente sólo tres de titularidad y gestión públicas. Asturias es, junto a Extremadura, Baleares y La Rioja, la única comunidad que no dispone de centros tan específicos como los que se incluyen en el estudio. El equipo de Múgica visitó 27 en toda España, entre ellos -según las conclusiones presentadas ayer- centros «carcelarios», «descuidados o prácticamente abandonados», «claustrofóbicos» y con problemas de transporte al estar en su mayoría ubicados lejos de los núcleos urbanos. El suicidio de un menor de 12 años, acaecido recientemente en uno de los centros de la Comunidad de Madrid, parece haber sido el detonante de este informe denuncia que será explicado por Enrique Múgica en el Congreso.

Denuncias que tienen que ver con la prohibición a los niños de asistencia al centro escolar o a la comida. Hay tratamientos farmacológicos sin protocolo alguno y hasta actuaciones de violencia física, dentro del paquete de lo que algunos centros denominan, paradójicamente, «medidas educativas creativas».

La mayoría de los centros de protección de menores con trastornos de la conducta y en situación de dificultad social vulnera los derechos fundamentales de los niños a su cargo, según el informe de Múgica, que enfatiza la utilización de castigos corporales no justificados, maltratos psicológicos, dejar a los internos sin comer, prohibirles asistir a la escuela, humillarlos y ridiculizarlos.

De este modo, el Defensor del Pueblo denuncia que la mitad de los centros utilizan medidas de aislamiento, que, si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidadora. Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de «salas de agitación» o de «reflexión», con paredes recubiertas de goma negra y que carecen de ventanas, con una atmósfera asfixiante.

También reconoce que los centros realizan registros en las habitaciones de los niños, a los que se les exige incluso desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez de primera instancia, al que se le deben trasladar cuantas circunstancias fuesen precisas, en orden de realizar una medida de tal naturaleza, según lo reiterado en el Tribunal Constitucional.

Sobre el régimen de relaciones con la familia, el estudio revela que la frecuencia de las visitas de sus progenitores o demás familiares, así como las salidas del centro, suelen ser motivo de insatisfacción entre los menores, que continuamente demandan un incremento de las mismas. Así, se desprende que en la mitad de los centros visitados por la institución se establece un número fijo de llamadas semanales y que, en algún caso, éstas deben ser pagadas por el menor, cuya privacidad no siempre se respeta.

Otra de las medidas que cuestiona Múgica en el informe es el abuso de tratamientos farmacológicos, que se producen en el 75 por ciento de los casos, cuando los internos se encuentran en situaciones de grave alteración. El Defensor sostiene que aunque estas contenciones deben hacerse «de forma limitada», en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad «desproporcionada» que puede producir lesiones físicas.

Por otra parte, la investigación revela que, en muchos casos, el personal se encuentra desmotivado por un trabajo muy estresante, con escaso soporte y formación continua, con horarios variables, una exigencia de disponibilidad total y un salario no especialmente motivador. Esta situación conduce a la mayoría del personal pedir la baja temporal e incluso el cese voluntario.

Enrique Múgica constata las cada vez más numerosas quejas referidas a las deficiencias e irregularidades que se están produciendo en el funcionamiento de algunos centros de acogimiento residencial de menores.

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