martes, 10 de febrero de 2009

El Consejo de Educadores pide investigar la actuación de sus profesionales.

El Consejo General de Colegios pedirá a sus colegios oficiales la apertura de una investigación sobre la actuación de los educadores en los centros de menores, y ha denunciado que la contratación de los profesionales más adecuados "se incumple sistemáticamente en la mayoría de las CCAA".

En relación al informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social -que detecta vulneraciones de sus derechos-, el presidente del Consejo General de Colegios de Educadores Sociales, Alberto Fernández de Sanmamed Santos, destaca la supervisión tan "precaria" que existe desde la administración de estas instalaciones.


En un documento remitido a Efe, Fernández demanda mecanismos de inspección y evaluación, así como de selección de posibles adjudicatarios para evitar situaciones tan graves como las que se mencionan en el informe del Defensor.


Denuncia además la inexistencia de una estructura organizativa y protocolos de actuación comunes en los centros, que en la mayoría de los casos "se deja en manos de las entidades privadas a las que se concede el servicio".


En este contexto, Fernández de Sanmamed afirma que "contratar al profesional más adecuado es algo que se incumple sistemáticamente en la mayoría de las comunidades desde el momento en que trabajan personas sin titulación universitaria o con una titulación inadecuada.


"En muchas ocasiones nos encontramos que solicitan perfiles de personal de seguridad para realizar labores supuestamente "educativas", indica al respecto.


A su juicio, resulta esencial analizar las condiciones laborales y perfiles profesionales de las personas contratadas en los centros, así como la permanencia de los equipos educativos.


"Podría ser un indicador más para llegar a entender otra parte de esta lamentable situación", agrega el presidente del Consejo General, que expresa su "absoluta repulsa" del procedimiento de los centros de menores investigados por el Defensor del Pueblo.


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