jueves, 2 de abril de 2009

MAS DE 6.000 PLAZAS PARA MAYORES SE OFERTAN FUERA DE LOS CENTROS PUBLICOS.

El empleo privado crecerá hasta el 15% con la Ley de Dependencia

Bienestar Social anuncia los requisitos que exigirá para optar a las ayudas.

El número de trabajadores en los centros de titularidad privada que alojan a mayores o a personas discapacitadas crecerá en los próximos dos años y medio. La plantilla de estos equipamientos se incrementará entre un 10% y un 15% para cumplir con las ratios exigidas para la concertación de plazas dentro de la Ley de Dependencia. Este es el al menos el cálculo del viceconsejero de Bienestar Social, Angel González, que ayer presentó los requisitos que se establecerán para que los centros consigan la acreditación.


Los requisitos incluidos en la propuesta elaborada por la consejería --que entrará en vigor el próximo mes-- establecen que todos los centros tendrán que tener un plan general de intervención, una carta de servicios en la que se explique a los usuarios y a las familias las prestaciones del equipamiento, protocolos de limpieza y un registro sanitario para el servicio de cátering.


MINIMO DE LAS PLANTILLAS Además, se establece la cualificación necesaria para los trabajadores, así como una serie dos ratios mínimos de personal por usuario, según el tipo de centro. El primero será el que los centros tengan que alcanzar desde que la nueva ley entre en vigor y para fijarlo se ha tenido en cuenta la ratio de la mayoría de centros en funcionamiento. El segundo será el que se necesite a partir del 1 de diciembre del 2012. "El dinero de la ciudadanía no se puede distribuir sin un control", declaró González.


El viceconsejero aclaró que el cumplimiento de los criterios para la acreditación "no es obligatorio para nadie", aunque sí será imprescindible para lograr conciertos con la administración pública. En la actualidad, las plazas para ancianos en Asturias son casi 10.000. De ellas, algo más de 3.000 pertenecen a los centros de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), mientras que el resto están en equipamientos privados.


El gobierno autonómico calcula que serán muy pocos los centros que renuncien a las ayudas económicas, aunque admite que en algunos casos será necesaria una inversión importante por parte de los propietarios. Por otra parte, la propuesta de requisitos a cumplir por los centros privados servirá para revisar la situación de la red pública, aunque según indicó ayer el viceconsejero, la mayoría de los establecimientos cumplen hoy con las condiciones que se exigirán a los centros privados a finales del 2011. "No podemos exigir a los privados lo que no pedimos a los demás", puntualizó González.

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1 comentario:

Miguel Guzman dijo...

lamentablemente existe una legislacion muy rica pero que no se cumple

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