jueves, 25 de junio de 2009

La vivienda es un derecho, no un negocio


Carta de opinión de Noemí Martín
CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

La vivienda es, ante todo, un derecho básico. Ésta es la opinión del equipo que dirigimos la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, aunque somos conscientes que la realidad es bien distinta. En los últimos años ha sido el destino preferido para la inversión y la especulación. Se han amasado grandes fortunas con el ladrillo y se ha condenado a millones de familias a hipotecar sus vidas (y casi la de sus hijos) para poder acceder a una vivienda. Han sido años en los que mucha gente ha sido excluida del mercado de la vivienda. Un buen ejemplo son los y las jóvenes para los que abandonar la vivienda de sus padres y madres para iniciar una nueva etapa ha sido un sueño fuera de su alcance.

Ahora, en medio de una crisis provocada, precisamente, por ese modelo de crecimiento sin límites, sin control ni regulación, es el momento de articular un cambio de ciclo en las políticas públicas de vivienda en el que la especulación inmobiliaria deje paso a la planificación de las necesidades y la prevalencia del interés general sobre el de unos pocos.

En estos momentos están en marcha diferentes convocatorias de ayudas a la compra, rehabilitación y alquiler de vivienda con un presupuesto total de 40,8 millones de euros. Se trata de otra de las líneas de acción para facilitar el acceso a la vivienda a los asturianos. Desde el año 2003 hemos conseguido multiplicar por siete el presupuesto dirigido a ayudar a los asturianos, pasando de 6,8 a cerca de los 41 millones de euros que tenemos este año.

Esta tarde tendrá lugar en Madrid la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Es el resultado de una intensa y larga negociación para hacer posible un buen acuerdo que garantice el desarrollo y ejecución de las previsiones de inversión y promoción de vivienda protegida que hemos diseñado desde el Gobierno de Asturias.

Este acuerdo supone un compromiso presupuestario en torno a los 280 millones de euros, es decir, representa un incremento de más del 40% con respecto al anterior plan de vivienda. De esta forma, garantizamos la financiación para la construcción de casi 11.000 viviendas protegidas nuevas de las que el 90% se destinarán a la venta.

El acuerdo que hemos alcanzado desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda garantiza el desarrollo de las operaciones de vivienda protegida más importantes que hay en estos momentos en marcha en Asturias. Me refiero a Prado de la Vega, en Oviedo; a Roces, en Gijón; La Magdalena, en Avilés; o Vasco-Mayacina, en Mieres.

Hay otros avances que me parecen destacables. Por ejemplo, en este nuevo convenio hemos conseguido duplicar el número de viviendas protegidas (VPA) previstas o hemos multiplicado por cuatro las actuaciones en rehabilitación de edificios y viviendas, que superarán las 12.000 unidades. Es una buena noticia para los asturianos y asturianas que siguen esperando poder acceder a una vivienda de calidad, pero también es una buena noticia para los trabajadores del sector que están sufriendo en carne propia las consecuencias de una crisis provocada por un modelo de crecimiento y especulación económica sin límites ni control. La ejecución de las inversiones previstas supondrá la creación de empleo y el impulso a la actividad económica en general.

Pero nuestra acción de gobierno no se limita a esto. En breve el Consejo de Gobierno autorizará la convocatoria de subvenciones para la adquisición de vivienda protegida autonómica (VPA) iniciada durante 2009 y calificada al amparo del nuevo plan. Esta convocatoria contará con un presupuesto de 18 millones de euros que será ampliado otros cuatro millones adicionales si fuera necesario. De esta forma, más de 3.000 compradores de VPA podrán disponer, desde el momento de la firma del contrato de compraventa (y no como ocurría hasta ahora, que había que esperar a formalizar la escritura), de la resolución mediante la que se les concede la ayuda económica a la entrada de la vivienda. Con esta modificación pretendemos reducir el enorme esfuerzo que supone para las familias afrontar el pago inicial de la vivienda y así poder también contribuir a una mejora en las condiciones de financiación de las personas que opten por la vivienda protegida. Estamos ante avances importantes pero tenemos por delante un camino complejo y lleno de dificultades.

Hacer posible que la vivienda sea un derecho básico accesible para la gran mayoría de nuestra sociedad es nuestro objetivo político pero, desgraciadamente, es una realidad fuera del alcance de sectores muy importantes de nuestra sociedad. Sin embargo eso no supone que renunciemos a articular unas políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda digna al mayor número de asturianos y asturianas que sea posible, que contribuyan a mejorar el estado del parque de vivienda en Asturias mediante la apuesta por la rehabilitación, que impulsen el mercado de alquiler público y protegido para dar respuesta a las necesidades de jóvenes y otros colectivos?

En definitiva, los hombres y mujeres de Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Verdes que hemos asumido las responsabilidades de Gobierno en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda estamos decididos a llevar a cabo unas políticas públicas de vivienda en las que el interés general y la satisfacción de las necesidades sociales prevalezcan sobre la búsqueda de beneficio y los intereses de unos pocos. Este es nuestro compromiso.


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